Cultura con Vos

 

Están vivos

Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA
11/05/2012

Consultar un diccionario de vez en cuando resulta ser un buen ejercicio. Más en este país, donde abundan palabreros que hablan y hablan intentando justificar lo injustificable. En ese afán, al buscar en el de la Real Academia Española el significado de “probable”, encontramos lo siguiente: “Verosímil, o que se funda en razón prudente. Que se puede probar. Dicho de una cosa: que hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá”. ¿A cuenta de qué se trae hoy a colación esto? Sencillo. Hace un par de días, Ulises del Dios Guzmán, en una de sus acostumbradas y locuaces declaraciones, afirmó “que los probables homicidios de los jesuitas ocurrieron en una fecha anterior a la reforma del artículo 28 de la Constitución y antes de la reforma que se dio en 2000 el texto del referido artículo no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso”.

Esto, según él, para explicar por qué la Corte Suprema de Justicia —a la cual llaman “honorable” sin merecerlo— decidió no extraditar a los militares reclamados por la justicia universal por su participación en la masacre ocurrida en 1989 en nuestra universidad. Larga e innecesaria espera para responder a esa genuina exigencia de la justicia universal, a través de la Audiencia Nacional de España. Larga porque la petición fue hecha en enero del presente año; innecesaria porque la decisión de proteger a estos individuos se tomó incluso antes de la ejecución sumaria de ocho personas indefensas: Julia Elba Ramos, su hija Celina y los seis sacerdotes jesuitas.

Sí, de eso que no le quepa duda a nadie. Fue en la noche del 16 de noviembre de 1989 cuando se decidió hacerlo y quedó establecido semejante compromiso. Y hasta la fecha, a lo largo de todos los Gobiernos de la posguerra, los componentes del aparato estatal salvadoreño se han sometido al absurdo. Los intocables de entonces siguen siéndolo por decisión oficial de todos los poderes. En esta perversa conspiración de mentira, silencio e impunidad, también es partícipe la Asamblea Legislativa al aprobar y mantener vigente durante casi dos décadas una amnistía contraria a todos los estándares internacionales de derechos humanos. De esa forma, ha facilitado la utilización del falso argumento que dice que todos los acusados por el juez Eloy Velasco ya fueron amnistiados. No es cierto. Los miembros del alto mando castrense de esa época, reclamados hoy por la justicia universal, no lo fueron; así lo dejó establecido una juez de paz en diciembre de 2000.

El Ejecutivo los defendió siempre mientras estuvo en manos de Arena. Con Mauricio Funes, que llegó a ese cargo montado en el FMLN, nueve de los acusados no tuvieron problemas para refugiarse en el cuartel de la desaparecida Guardia Nacional (administrado por el ministro de la Defensa Nacional). El entonces director general de la Policía Nacional Civil tampoco los capturó, sabiendo dónde estaban escondidos y habiendo dicho que lo haría. Ambos funcionarios tenían un mismo jefe: Funes. Salieron de su guarida hasta que la Corte —cuesta decirle “suprema” y más aún “de justicia”— determinó que podían hacerlo.

El último acontecimiento de esta historia, pero no el último capítulo, es la decisión antes señalada: nueve de quince magistrados decidieron no extraditar a trece imputados. Difícil era que sucediera otra cosa. Y por eso, precisamente, la Compañía de Jesús continuó y continúa su lucha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La justicia universal, a través de la Audiencia Nacional de España, ha intentado procesar y condenar a estos individuos que gozan de la ilegal e ilegítima protección estatal. Con ese esfuerzo, se logrará que tengan como prisión los poco más de veinte mil kilómetros cuadrados de territorio nacional. Qué bien. Pero en la Comisión Interamericana lo que se pretende lograr es que se produzcan los cambios necesarios en el aparato estatal para que ya no siga protegiendo a estos ni a otros criminales.

Al hablar “de los probables homicidios de los jesuitas”, una de dos. O para Ulises del Dios Guzmán aún no se ha probado que hace más de veintidós años ejecutaron, en esta universidad, a seis sacerdotes junto a una mujer y su hija, aunque piensa que es “verosímil”; o, como afirma el diccionario, tiene “buenas razones para creer” que eso va a ocurrir. Como sea, más allá de las rapacidades oficiales y las patrañas pseudolegales con las que pretenden justificarlas, nuestros mártires tienen más vida que nunca, porque, como monseñor Romero, ya resucitaron en el pueblo salvadoreño que clama verdad, justicia y paz.