Mercedes Olivera Bustamante.
Centro de Estudios Superiores de México
y Centroamérica. UNICACH
Movimiento Independiente de Mujeres de Chiapas.
Junto con mis saludos y agradecimientos a los organizadores por la invitación a este evento, quiero expresar mis congratulaciones por la inauguración del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de El Salvador. Su existencia nos aumenta las posibilidades de construir conocimientos del pasado y el presente que enriquecerán nuestra percepción social y humanística de la realidad, lo que sin duda repercutirá favorablemente en la vida del pueblo salvadoreño y de todos los pueblos de nuestra América.
Quiero abordar, con toda humildad, algunos puntos de vista y aprendizajes de la realidad chiapaneca relacionados con mi caminar al lado de las luchas de los campesinos indígenas y las mujeres de los márgenes, comparando en algunos casos con la realidad actual de Guatemala y de otros países centroamericanos que, lo confieso, conozco de lejos, a pesar de nuestra vecindad. Así, sólo ofrezco a ustedes una mirada hacia el futuro próximo desde lo local hasta lo global, y desde mi corazón abrumado con las múltiples problemáticas que he compartido directamente y que afronta la población indígena, hombres y mujeres ante su cotidianidad* cuya cotidianidad está amenazada sistémicamente.
Bien sabemos que la distancia entre la academia y la realidad se fue profundizando en las ciencias sociales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado; el posmodernismo, colchón ideológico del neoliberalismo, fragmentó en forma extrema el análisis social; muchas de sus vertientes fueron cooptadas por el desarrollismo y la tecnocracia, poniéndolas al servicio de políticas y programas de gobiernos supuestamente democráticos o abiertamente contrainsurgentes. Otras corrientes se declararon “apolíticas”, poniendo distancia entre el conocimiento de las estructuras sociales y el funcionamiento de lo social, por un lado, y las acciones destinadas a su transformación, por otro. En el imaginario academicista, la aplicación del conocimiento perdió valor, por considerarla coto especial de los gobiernos cada vez más comprometidos con las empresas
nacionales y transnacionales, o por considerar que se relacionaba con los populismos de izquierda y de derecha. Pero la separación entre teoría y práctica acabó empobreciendo a la propia academia, que en mucho se refugió en la especulación.
Efectos de las crisis en las mujeres indígenas
Las mujeres campesinas e indígenas son, probablemente, las actoras sociales más afectadas por las crisis que comparten con sus familias, pues se profundiza su subordinación de género al sobreponer al trabajo doméstico dobles y triples jornadas, al tener que asumir desde una posición desventajosa diferentes formas de trabajo formales e informales para obtener ingresos complementarios para el sostenimiento familiar, al tener que asumir, no sólo las responsabilidades que tenían asignadas los varones que emigraron, sino roles masculinos en sus relaciones con hijos y vecinos, y al tener que afrontar los problemas de alcoholismo, drogadicción, narcotráfico y violencia social que afectan a sus hijos, entre otras exigencias de su nueva situación. Ahora bien, los cambios ocasionados por la crisis no solamente han resignificado y aumentado las subordinaciones, sino que, paralelamente, han servido de acicate para movilizar su participación económica y política en la búsqueda de alternativas a los problemas que tienen que afrontar.
La experiencia del trabajo con las mujeres indígenas de Chiapas, de Guatemala y de otros lugares nos ha permitido conocer tanto los costos personales que implica la crisis para las mujeres, como la fortaleza de sus potencialidades políticas[1]. En recientes investigaciones realizadas en la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala (Rubio 2009, Olivera 2009, Castro, Ramos y Olivera 2010), hemos encontrado que las indígenas comparten una serie de problemas causados o agravados por las crisis, más allá de que sean diversas sus lenguas, sus culturas y sus historias locales y nacionales.
Entre los más frecuentes problemas podemos mencionar el aumento de la pobreza: la mayor parte de las familias indígenas y campesinas viven en las zonas marginales de las regiones marginales de su país, tienen un ingreso que en promedio es menor a medio dólar por persona al día y las formas de trabajo servil en el campo han proliferado con el abaratamiento de la mano de obra, especialmente femenina (3.5 dólares es el mínimo oficial por jornal diario, pero no se paga, y en el caso de las mujeres con frecuencia no llega a 1 dólar diario). Los precios de los productos de sus parcelas han bajado (con algunas excepciones, como el café y el cacao), y en Chiapas, la producción de maíz se ha reducido significativamente debido a la importación del maíz subsidiado por el gobierno norteamericano. Los productos de consumo básico han aumentado sus precios más del 100% en los 2 últimos años, como ha sucedido con las tortillas. La escasez de recursos ha acelerado el endeudamiento, que funciona a través de redes ligadas a empresas financieras con intereses hasta del 500%, y aunque por la misma necesidad ha aumentado significativamente la migración interna y externa, las remesas se han reducido tanto que muchas familias se endeudan para enviar dinero que permita a los migrantes en EU resistir el desempleo sin tener que regresarse. Encontramos varias comunidades a las que la sequía del año pasado las dejó en una situación aún más precaria: “Sólo tenemos verdura silvestre (hojas tiernas de pino y encinas) que bajamos en el monte para darles a nuestros hijos con una tortilla al día”. La situación es realmente extrema.
La migración y sus efectos desintegradores de la vida familiar es otro de los problemas fundamentales en las comunidades indígenas, según lo que las propias mujeres nos han dicho. El abandono temporal con frecuencia se vuelve permanente y, como ya dije, las mujeres deben asumir los roles masculino y femenino a la vez.
En las zonas menos remotas, muchas familias se sostienen con las ayudas del gobierno: el programa Oportunidades, por ejemplo, diseñado por el BM especialmente para AL, focalizado en las mujeres de bajos recursos que tienen hijos estudiando. El dinero se usa para los alimentos y para la salud de la familia, ya que el servicio médico social se ha reducido en cantidad y en calidad y se ha limitado su acceso a quienes pueden pagar el seguro familiar. El apoyo, a pesar de ser poco, ha fomentado la dependencia, pues las mujeres informan que los hombres ya no siembran, atenidos a la ayuda del gobierno. El Oportunidades, en estas condiciones, es un elemento de corporativización y cooptación de los campesinos, en beneficio de los partidos de derecha, pues la relación ya no pasa por las organizaciones campesinas, que ahora están casi desaparecidas.
El debilitamiento y cambio de las formas de organización y de la cultura tradicional es otro de los efectos de la crisis y de las políticas neoliberales, que han colocado a las mujeres en posiciones muy vulnerables. Por ejemplo, la parcelización y titulación de las tierras ejidales (PROCEDE) ha causado muchos conflictos intercomunitarios por los límites, así como frecuentes despojos a las mujeres viudas y solas que disfrutaban de tierras que heredaron de sus esposos o padres pero que, al no ser reconocidas por la asamblea con el argumento de que los usos y costumbres sólo reconocen a los hombres como propietarios, las han excluido y hasta han sido expulsadas de la comunidad cuando su esposo era originario de Guatemala o de otra comunidad. En muchos lugares ya no es un requisito conocer las costumbres y prestar servicios comunitarios en las estructuras religiosas y comunitarias; los gobiernos locales se han “ciudadanizado”, pero entre las muchas obligaciones que imponía la tradición y que se han eliminando se cuenta la de que a la muerte de un jefe de familia, el hijo que heredaba la tierra se hacía cargo de la madre y de las hijas solteras. Ahora, muchos hijos herederos sacan de la casa y de la tierra a las mujeres, que no tienen ningún recurso para su sobrevivencia ni cuentan con ninguna instancia que las proteja.
Otro problema es el aumento del alcoholismo, la drogadicción y la violencia hacia las mujeres tanto en el campo como en la ciudad, lo que ha originado un significativo incremento de las desapariciones, suicidios de jóvenes, violaciones y femiminicidios. No podemos dejar de mencionar el significado que tienen para las comunidades y especialmente para las mujeres la militarización, paramilitarización y narcomilitarización de sus regiones. La presencia y los abusos que cometen estos grupos, que las más de las veces tienen específicamente la función contrainsurgente de causar terror entre la población, provocan, en efecto, una gran sensación de inseguridad, aparte de que limitan el derecho de libre circulación de las poblaciones, propician el divisionismo de las comunidades y protegen a quienes disputan las tierras zapatistas.
Los movimientos de mujeres
Es importante insistir en que a pesar de los impactantes efectos de la crisis sobre las mujeres, a pesar de las cooptaciones, de la criminalización de la protesta, de la militarización de los territorios indígenas en disputa y de la impunidad de que goza la delincuencia, la participación de las mujeres en los movimientos populares de resistencia es grande y ha estimulado tanto su autodeterminación como el reconocimiento social de su participación individual y colectiva en los espacios públicos. Podemos mencionar como ejemplos el papel de las mujeres indígenas y campesinas de Huehuetenango, Ixcán y Alta Verapaz en la organización y realización de las consultas sobre las minas y las represas. En el caso de la represa de Xalalá, que afectaría a tierras muy productivas de cerca de 200 comunidades del Ixcán y de Alta Verapaz, cuando se organizó la votación sobre la consulta las dirigentas de las organizaciones de mujeres propusieron en el Comité mixto que en vez de poner las casillas de votación en las cabeceras municipales de la región afectada, se pusieran en cada una de las comunidades. Los hombres sólo aceptaron la propuesta cuando ellas se responsabilizaron de ir a las comunidades más lejanas y peor comunicadas. Esta desigualdad de género en el trabajo finalmente fue favorable a la votación en contra de la construcción de la represa, pero además repercutió en el empoderamiento de las mujeres, que se demostraron a sí mismas su capacidad de convocatoria y tuvieron un reconocimiento directo de la población, de los dirigentes y de las instituciones de solidaridad y derechos humanos que acompañaron la consulta por su trabajo y el entusiasmo que pusieron en la tarea. Asimismo, la Coordinadora de las Mujeres del Ixcán, a la que pertenecen estas mujeres a las que me refiero, ganó en el fortalecimiento de sus posiciones tanto políticas como de género.
Podríamos hablar de otros muchos ejemplos de la participación organizada de las mujeres centroamericanas, que desafiando peligros y superando obstáculos han participado acrecentando su fuerza individual y colectiva a través de las luchas populares, como sucedió ante el golpe de Estado en Honduras y en las últimas elecciones en este país. Pero ya sólo nos da tiempo de mencionar la forma en que participan las mujeres zapatistas en la construcción de hecho de sus municipios autónomos y de los “caracoles” en que se organizan éstos.
En este caso, la participación de las mujeres se enmarca en un proyecto político de largo alcance: la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo otro, dicen ellas y ellos, con justicia, democracia y paz; un mundo en donde el que mande, mande obedeciendo; un mundo en el que la democracia sea directa, sin jerarquías; un mundo de todos, construido desde abajo y a la izquierda. Esto se dice en unos cuantos renglones, pero hacer de esas consignas una realidad, es decir, poner en práctica esa construcción, no sólo requiere mucho tiempo y dedicación de todos y todas las zapatistas, sino que requiere que se hagan cambios muy profundos, deconstrucciones y reconstrucciones en las subjetividades, en las culturas, en los imaginarios colectivos, en las relaciones sociales y familiares, en las instituciones. El camino seguramente no ha sido sin tropiezos, y seguramente ha requerido de la madera resistente de hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños. De ese proceso sólo mencionaré aquí algunos elementos de lo que ellos y ellas nos han dicho sobre el reconocimiento y los avances en la participación de las mujeres a través de sus comunicados y en los encuentros a donde nos han invitado como parte de la sociedad civil.
En el 2003, cuando se emitió la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la Comandancia Revolucionaria Indígena del EZLN informó que, basándose en un cuidadoso análisis de su trabajo, reconocían varios problemas, entre ellos que habían sido pocos los avances prácticos del mandar obedeciendo y que la participación de las mujeres en las diferentes instancias de su gobierno seguía siendo limitada, a pesar de que existían los espacios para que esa participación se diera. Las mujeres seguían atadas a las funciones de tener hijos y hacer las labores del hogar, dictadas por la tradición cultural.
En esa oportunidad nos informaron de los cambios que habían considerado indispensable realizar. Menciono dos: por una parte, la separación total de las estructuras militares del EZLN, que en la práctica se sobreponían a los mandos de las estructuras colectivas de las comunidades zapatistas. Esto permitió iniciar el otro cambio fundamental: la construcción de una nueva estructura y de un nuevo funcionamiento organizativo desde abajo y a la izquierda. Desaparecieron los Aguascalientes; se crearon los 5 “caracoles”, cada uno con su Junta de Buen Gobierno que, en forma participativa desde las localidades, los municipios y hasta los mismos caracoles, funcionarían a través de la participación rotativa de todos los integrantes de cada nivel. El paso para ocupar cargos en los diferentes niveles se decidiría en asambleas. La verdad es que fue difícil para mí entender esa nueva forma de participación y funcionamiento, que en la práctica hacía desaparecer las jerarquías de gobierno basadas en el prestigio y el poder personal, y se establecía una forma socializada y siempre cambiante, con responsables que eran sustituidos por otras personas en pocas semanas. Las estructuras de educación, salud y justicia se adscribían a cada caracol, que además de vigilar el cumplimiento del buen funcionamiento de los diferentes niveles de gobierno, tendría la función de administrar los recursos con que contara ese caracol en particular y de ir regulando la forma en que se hacían los trabajos, de acuerdo a los ritmos de avance de cada lugar y estructura concernida.
Algo que aprendí (creo) un tiempo después, es que esta practica de gobierno y participación ligada estrechamente a las asambleas y a las estructuras de educación y salud forman el sistema que permite concretar colectivamente el mandar obedeciendo. Hasta donde entiendo, la educación no tiene grados, ni calificaciones, ni programas fijos; sino que parte del análisis colectivo de los problemas de cada comunidad y de las capacitaciones necesarias para irlos resolviendo, tales como aprender a leer y escribir y hacer cuentas en el primer nivel. La asamblea comunitaria por consenso decide, de acuerdo a los avances de cada cual, el momento en que puede pasar al siguiente nivel, en el que el análisis más profundo de las realidades que se viven requiere de conocimientos y capacitaciones prácticas un poco más especializadas, que le permitirán pasar en su momento al nivel siguiente, donde ya será promotor de salud o de educación, por ejemplo, y tendrá la posibilidad, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, de ser elegido por la asamblea como participante rotativo en el gobierno municipal, en el que se ejecutan los acuerdos de la asamblea. Esta forma articulada de las diferentes estructuras organizativas es diferente en cada caracol, pero conforma en su conjunto lo que en el lenguaje zapatista se llama Universidad de la Vida.
[1] Defino participación política en su sentido amplio de cambiar o alterar los principios legales que rigen la convivencia humana en cada grupo social y que se expresa en el poder de decisión que tenemos sobre lo que nos afecta, tanto en la vida personal como en la vida colectiva, es decir, en los espacios públicos que son ámbitos de la economía, el gobierno, la iglesia y otras instituciones construidas o definidas sobre parámetros masculinos, concentrando el poder de tener, hacer y representar en los hombres y, en consecuencia, donde las mujeres quedan en una posición subordinada.
